El debate parlamentario sobre la ampliación del postnatal da cuenta de una visión anacrónica y machista de la mujer. Lo absurdo es que parte de la base que el cuidado de los hijos es una tarea de mujeres, desconociendo que es una labor compartida de hombres y mujeres, la que debe ser asumida con corresponsabilidad. Desconocer lo anterior importa no presentar soluciones viables hacia el futuro que promuevan la conciliación efectiva de trabajo y vida familiar y, en particular, la real igualdad de oportunidades de hombres y mujeres.
Las mujeres son un grupo discriminado en su desarrollo laboral y en sus remuneraciones, pues deben asumir solas el cuidado de los hijos. La erradicación de esta discriminación pasa por reformular las normas de protección a la maternidad, para sustituirlas por una protección a los trabajadores con responsabilidades familiares, esto es hombres y mujeres por igual. Además, se debe incluir mecanismos de uso flexible del tiempo de trabajo y modalidades de contratación a tiempo parcial o teletrabajo que posibiliten que padres y madres asuman el cuidado de su familia sin perder contacto con su empleo y eviten que las empresas desincentiven la contratación de mujeres.
La raíz del problema está en la pervivencia del modelo de hombre proveedor y mujer cuidadora, lo que afecta a los padres, a las empresas y a los niños, quienes tienen el derecho a recibir cuidado y cariño de su papá y mamá. Lástima que los parlamentarios sean casi todos hombres y que tal vez nunca cambiaron pañales.
lunes, 14 de diciembre de 2009
jueves, 3 de diciembre de 2009
viernes, 13 de noviembre de 2009
A PROPOSITO DE LAS MOVILIZACIONES Y HUELGAS EN EL SECTOR PUBLICO
Estimados:
Copio a continuación un debate que tuvimos con mi colega de la Escuela de Derecho PUCV, Eduardo Aldunate, sobre el sentido y función de las movilizaciones y huelgas en el sector público y que puede verse en el sitio web: www.derecho.ucv.cl
LA EXTORSIÓN DE LA DEMOCRACIA: SOBRE LOS QUE PARAN Y SUS REHENES
Por Eduardo Aldunate Lizana
Profesor de Derecho Constitucional
Escuela de Derecho
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
Uno de los derechos más importantes para la vida y salud de un régimen democrático es el derecho de manifestación, en sus diversas formas; reuniones, marchas públicas, paros. En su virtud, los ciudadanos que están dispuestos a sacrificar parte de su tiempo e intereses personales tienen la expectativa de influir en la opinión pública y, por su intermedio, en las decisiones de la autoridad que, en esta forma de gobierno, -a no olvidarlo- recibe su mandato de una decisión del pueblo.
Para que el ejercicio del derecho a manifestarse opere como vía legítima de influencia es necesario que lo haga al amparo de una condición básica de toda democracia: el respeto de la libertad y la proscripción de la fuerza como medio de acción política. Esta idea, aunque es elemental, parece haberse perdido a más tardar en los primeros años del presente decenio. De manera cada vez más frecuente, grupos o gremios, para la defensa de sus intereses, sean privados (mejoras salariales, deuda histórica, condiciones de trabajo) o públicos (calidad de la educación, de los servicios de salud, etc.) aprovechan la posición predominante que ocupan en la relación de dependencia en que, producto de las labores que desempeñan, queda un universo importante de otras personas, en dimensiones básicas de su existencia (salud, educación, trámites civiles). Este aprovechamiento consiste en que aquellos que deben ser servidos en dichos ámbitos, pasan a ser usados como instrumentos de presión o moneda de negociación, ya que, frente al paro de los funcionarios de la salud, de los profesores, o de los funcionarios del Registro Civil, no tienen una alternativa para satisfacer las prestaciones vitales que, producto de dicho paro, quedan insatisfechas.
En estos casos, la manifestación de los respectivos grupos o gremios no opera como la de cualquier otro ciudadano, que asume sus costos al movilizarse políticamente (en términos de tiempo personal, costos de descuento por horas no trabajadas e incluso la posibilidad de despido por incumplimiento de sus deberes contractuales), sino que trasladando las consecuencias a terceros, institucionalmente capturados en una relación de dependencia con aquellos que protestan, pero terceros al fin, que no se han involucrado libremente en el conflicto. Dicho de otro modo: encontramos aquí un conjunto de personas que en parte importante de sus derechos, se transforman en rehenes de quienes se manifiestan mediante un paro, a favor de sus reivindicaciones. Por legítimas que éstas sean, ello no quita lo acertado de la descripción. De este modo, el derecho de manifestación, como forma de legítima influencia sobre la autoridad por la vía de formación de opinión pública, se transforma en pura y simple extorsión; bajo el disfraz de la defensa de los derechos, siembra las semillas para erosionar efectivamente el gobierno constitucional, buscando desplazar la decisiones que pueda tomar en virtud de su legitimación democrática, por otras obtenidas como resultado del uso de la fuerza.
- o -
LIBERTAD SINDICAL Y DERECHO A HUELGA: LOS VERDADEROS REHENES DE NUESTRO SISTEMA DEMOCRÁTICO
Eduardo Caamaño Rojo
Profesor de Derecho del Trabajo
Escuela de Derecho
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
La columna de mi colega Eduardo Aldunate sobre la supuesta extorsión que representan las movilizaciones en el sector público, en atención a la afectación de los intereses de los ciudadanos que no pueden acceder a los servicios públicos, no me permite permanecer indiferente desde mi perspectiva de laboralista. En efecto, si bien comparto los dichos de mi colega sobre la situación del ciudadano común, rechazo abiertamente sus argumentos, dado que están enfocados desde una perspectiva que desconoce uno de los más elementales derechos de los trabajadores como lo es la libertad sindical. Este derecho fundamental, profusamente consagrado en instrumentos internaciones sobre derechos humanos y en convenios de la OIT, reconoce a todo trabajador sea del sector privado, del área de la salud, la educación o de la administración del Estado, el derecho a constituir sindicatos, a negociar colectivamente y a la huelga.
Por desgracia, nuestra poco democrática Constitución ha relegado a los derechos humanos de contenido económico y social -una suerte de “derechitos fundamentales”- a un plano secundario, y sin mecanismos de tutela en sede constitucional, pues en su ideología neoliberal resultan molestos para la gente decente que ve afectados sus intereses individuales por marchas, carteles u otras manifestaciones derivadas de un verdadero engendro del demonio como es la huelga. Por lo anterior, se pierde de vista y se desvaloriza el verdadero sentido de la libertad sindical como un derecho que posibilita el mejoramiento de las condiciones de vida y sobre todo la participación, en el amplio sentido de la palabra, a los ciudadanos trabajadores en el ámbito del trabajo. Esto supone naturalmente el recurso a mecanismos de presión o de autotutela para que su voz llegue a quienes toman decisiones legislativas o a quienes son la contraparte en un proceso de negociación. Por consiguiente, incluir a la libertad sindical como una mera expresión del derecho de asociación o de manifestación importa desconocer más de cien años de movilización social que posibilitaron el tránsito del obrero proletario (el descamisado sin derechos olvidado por la legislación civil y por las primeras constituciones oligárquicas) al trabajador con derechos laborales y luego al trabajador ciudadano, gracias al reconocimiento de sus derechos fundamentales inespecíficos dentro de la empresa o centro de trabajo.
Con todo, comparto con mi colega que el ejercicio de la libertad sindical en el sector público va asociada a una indeseada afectación de los intereses de personas no involucradas en el conflicto entre funcionarios públicos y el Gobierno. En todo caso, este reproche no debe ir dirigido a la ANEF, a la CUT o al Colegio de Profesores, sino al Gobierno, que día a día vulnera sus compromisos internacionales al negarse a reconocer el derecho a la negociación colectiva y a la huelga en el sector público, a pesar de que igual negocia año a año con estas organizaciones. Si en el país se revalorizara de verdad la libertad sindical y se regulara la negociación colectiva en el sector público, las legítimas demandas de los funcionarios se podrían canalizar por cauces normados, con tiempos precisos y buscando mecanismos que armonicen los intereses de las partes del conflicto con los ciudadanos que demandan atención del Estado, a través de la conciliación o el arbitraje. Así lo hacen por lo demás, los países de verdad democráticos, en los que hasta en las FFAA se reconoce el derecho a negociar colectivamente y a la huelga, como es el caso de Alemania.
Tenemos, por tanto, un desafío en común los constitucionalistas y los laboralistas: construir las bases de un verdadero sistema democrático que posibilite que la participación, la igualdad y la justicia social lleguen también a un amplio sector de la ciudadanía que en Chile está marginado en sus derechos y que carece de opciones reales de participación equitativa en un ámbito clave de la vida y de la economía como es el trabajo.
Copio a continuación un debate que tuvimos con mi colega de la Escuela de Derecho PUCV, Eduardo Aldunate, sobre el sentido y función de las movilizaciones y huelgas en el sector público y que puede verse en el sitio web: www.derecho.ucv.cl
LA EXTORSIÓN DE LA DEMOCRACIA: SOBRE LOS QUE PARAN Y SUS REHENES
Por Eduardo Aldunate Lizana
Profesor de Derecho Constitucional
Escuela de Derecho
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
Uno de los derechos más importantes para la vida y salud de un régimen democrático es el derecho de manifestación, en sus diversas formas; reuniones, marchas públicas, paros. En su virtud, los ciudadanos que están dispuestos a sacrificar parte de su tiempo e intereses personales tienen la expectativa de influir en la opinión pública y, por su intermedio, en las decisiones de la autoridad que, en esta forma de gobierno, -a no olvidarlo- recibe su mandato de una decisión del pueblo.
Para que el ejercicio del derecho a manifestarse opere como vía legítima de influencia es necesario que lo haga al amparo de una condición básica de toda democracia: el respeto de la libertad y la proscripción de la fuerza como medio de acción política. Esta idea, aunque es elemental, parece haberse perdido a más tardar en los primeros años del presente decenio. De manera cada vez más frecuente, grupos o gremios, para la defensa de sus intereses, sean privados (mejoras salariales, deuda histórica, condiciones de trabajo) o públicos (calidad de la educación, de los servicios de salud, etc.) aprovechan la posición predominante que ocupan en la relación de dependencia en que, producto de las labores que desempeñan, queda un universo importante de otras personas, en dimensiones básicas de su existencia (salud, educación, trámites civiles). Este aprovechamiento consiste en que aquellos que deben ser servidos en dichos ámbitos, pasan a ser usados como instrumentos de presión o moneda de negociación, ya que, frente al paro de los funcionarios de la salud, de los profesores, o de los funcionarios del Registro Civil, no tienen una alternativa para satisfacer las prestaciones vitales que, producto de dicho paro, quedan insatisfechas.
En estos casos, la manifestación de los respectivos grupos o gremios no opera como la de cualquier otro ciudadano, que asume sus costos al movilizarse políticamente (en términos de tiempo personal, costos de descuento por horas no trabajadas e incluso la posibilidad de despido por incumplimiento de sus deberes contractuales), sino que trasladando las consecuencias a terceros, institucionalmente capturados en una relación de dependencia con aquellos que protestan, pero terceros al fin, que no se han involucrado libremente en el conflicto. Dicho de otro modo: encontramos aquí un conjunto de personas que en parte importante de sus derechos, se transforman en rehenes de quienes se manifiestan mediante un paro, a favor de sus reivindicaciones. Por legítimas que éstas sean, ello no quita lo acertado de la descripción. De este modo, el derecho de manifestación, como forma de legítima influencia sobre la autoridad por la vía de formación de opinión pública, se transforma en pura y simple extorsión; bajo el disfraz de la defensa de los derechos, siembra las semillas para erosionar efectivamente el gobierno constitucional, buscando desplazar la decisiones que pueda tomar en virtud de su legitimación democrática, por otras obtenidas como resultado del uso de la fuerza.
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LIBERTAD SINDICAL Y DERECHO A HUELGA: LOS VERDADEROS REHENES DE NUESTRO SISTEMA DEMOCRÁTICO
Eduardo Caamaño Rojo
Profesor de Derecho del Trabajo
Escuela de Derecho
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
La columna de mi colega Eduardo Aldunate sobre la supuesta extorsión que representan las movilizaciones en el sector público, en atención a la afectación de los intereses de los ciudadanos que no pueden acceder a los servicios públicos, no me permite permanecer indiferente desde mi perspectiva de laboralista. En efecto, si bien comparto los dichos de mi colega sobre la situación del ciudadano común, rechazo abiertamente sus argumentos, dado que están enfocados desde una perspectiva que desconoce uno de los más elementales derechos de los trabajadores como lo es la libertad sindical. Este derecho fundamental, profusamente consagrado en instrumentos internaciones sobre derechos humanos y en convenios de la OIT, reconoce a todo trabajador sea del sector privado, del área de la salud, la educación o de la administración del Estado, el derecho a constituir sindicatos, a negociar colectivamente y a la huelga.
Por desgracia, nuestra poco democrática Constitución ha relegado a los derechos humanos de contenido económico y social -una suerte de “derechitos fundamentales”- a un plano secundario, y sin mecanismos de tutela en sede constitucional, pues en su ideología neoliberal resultan molestos para la gente decente que ve afectados sus intereses individuales por marchas, carteles u otras manifestaciones derivadas de un verdadero engendro del demonio como es la huelga. Por lo anterior, se pierde de vista y se desvaloriza el verdadero sentido de la libertad sindical como un derecho que posibilita el mejoramiento de las condiciones de vida y sobre todo la participación, en el amplio sentido de la palabra, a los ciudadanos trabajadores en el ámbito del trabajo. Esto supone naturalmente el recurso a mecanismos de presión o de autotutela para que su voz llegue a quienes toman decisiones legislativas o a quienes son la contraparte en un proceso de negociación. Por consiguiente, incluir a la libertad sindical como una mera expresión del derecho de asociación o de manifestación importa desconocer más de cien años de movilización social que posibilitaron el tránsito del obrero proletario (el descamisado sin derechos olvidado por la legislación civil y por las primeras constituciones oligárquicas) al trabajador con derechos laborales y luego al trabajador ciudadano, gracias al reconocimiento de sus derechos fundamentales inespecíficos dentro de la empresa o centro de trabajo.
Con todo, comparto con mi colega que el ejercicio de la libertad sindical en el sector público va asociada a una indeseada afectación de los intereses de personas no involucradas en el conflicto entre funcionarios públicos y el Gobierno. En todo caso, este reproche no debe ir dirigido a la ANEF, a la CUT o al Colegio de Profesores, sino al Gobierno, que día a día vulnera sus compromisos internacionales al negarse a reconocer el derecho a la negociación colectiva y a la huelga en el sector público, a pesar de que igual negocia año a año con estas organizaciones. Si en el país se revalorizara de verdad la libertad sindical y se regulara la negociación colectiva en el sector público, las legítimas demandas de los funcionarios se podrían canalizar por cauces normados, con tiempos precisos y buscando mecanismos que armonicen los intereses de las partes del conflicto con los ciudadanos que demandan atención del Estado, a través de la conciliación o el arbitraje. Así lo hacen por lo demás, los países de verdad democráticos, en los que hasta en las FFAA se reconoce el derecho a negociar colectivamente y a la huelga, como es el caso de Alemania.
Tenemos, por tanto, un desafío en común los constitucionalistas y los laboralistas: construir las bases de un verdadero sistema democrático que posibilite que la participación, la igualdad y la justicia social lleguen también a un amplio sector de la ciudadanía que en Chile está marginado en sus derechos y que carece de opciones reales de participación equitativa en un ámbito clave de la vida y de la economía como es el trabajo.
lunes, 28 de septiembre de 2009
La Concertación y el incumplimiento de sus promesas laborales
El reciente anuncio del Gobierno de postergar una vez el envío de las reformas laborales al Congreso, luego de los emocionados compromisos de la Presidenta por concretar durante su mandato este anhelado proyecto para el mundo del trabajo, es una lamentable noticia y da cuenta de la fuerza que tienen los acérrimos defensores del Plan Laboral, particularmente, al interior de la Concertación. Así, ha quedado una vez más de manifiesto el incuestionable poder del ministro Velasco para detener cualquier reforma que ose moverle un pelo al ya sacrosanto modelo laboral que nos heredaron a la fuerza los Chicago Boys. Con estos anuncios, Velasco se ha consagrado como un Cid Campeador del neoliberalismo económico concertacionista, dando la espalda al sentir de parte importante de la ciudadanía y haciendo de paso un flaco favor al candidato oficialista.
Desde la perspectiva del mundo sindical y del Derecho Laboral la decisión del Gobierno es vergonzosa y demuestra su falta de compromiso con el reconocimiento y promoción de los derechos fundamentales laborales, en especial, con la libertad sindical. Las cifras del país en torno a la negociación colectiva y a la sindicalización son realmente patéticas y, lo más grave, es que se han empeorado durante estos 20 años de insípida transición a la democracia.
No cabe duda que los Gobiernos de la Concertación han carecido de voluntad política para asumir un compromiso real por reestablecer los equilibrios necesarios entre trabajadores y empleadores que posibiliten un diálogo social fructífero, lo que presupone exteriorizar una verdadera creencia en la libertad sindical como un valor que nutra nuestro famélico estado de derecho, para que luego, desde una dimensión técnica, tenga de verdad sentido sentarse a debatir con todos los actores sociales las soluciones técnicas que puedan hacer compatible la protección laboral y la generación de empleos de calidad con el crecimiento económico y con las necesidades de los empresarios.
Con todo, los tecnócratas de turno persisten en olvidar que Chile tiene compromisos derivados de tratados que lo obligan a promover la libertad sindical, lo que pasa por un acto de fe sobre este derecho fundamental, que busca darle sentido a la democracia al permitir que millones de trabajadores puedan tener la posibilidad de expresarse y de buscar un mejoramiento de sus condiciones de trabajo y soluciones consensuadas con los empleadores para enfrentar los vaivenes del mundo económico actual. Sorprende, o ya no, como la desigualdad y el autoritarismo proveniente del lado del poder económico tenga la fuerza para que importantes personeros políticos olviden sus principios y creencias que exponen en época de elecciones para no turbar los sensibles sentidos del poder oscuro que de verdad controla al país.
¿Se justifica terminar el Gobierno con una aprobación del 70% a costa de mantener sumidos en la precariedad y en condiciones de inequidad salarial a miles de compatriotas? ¡Exijo una explicación!
Desde la perspectiva del mundo sindical y del Derecho Laboral la decisión del Gobierno es vergonzosa y demuestra su falta de compromiso con el reconocimiento y promoción de los derechos fundamentales laborales, en especial, con la libertad sindical. Las cifras del país en torno a la negociación colectiva y a la sindicalización son realmente patéticas y, lo más grave, es que se han empeorado durante estos 20 años de insípida transición a la democracia.
No cabe duda que los Gobiernos de la Concertación han carecido de voluntad política para asumir un compromiso real por reestablecer los equilibrios necesarios entre trabajadores y empleadores que posibiliten un diálogo social fructífero, lo que presupone exteriorizar una verdadera creencia en la libertad sindical como un valor que nutra nuestro famélico estado de derecho, para que luego, desde una dimensión técnica, tenga de verdad sentido sentarse a debatir con todos los actores sociales las soluciones técnicas que puedan hacer compatible la protección laboral y la generación de empleos de calidad con el crecimiento económico y con las necesidades de los empresarios.
Con todo, los tecnócratas de turno persisten en olvidar que Chile tiene compromisos derivados de tratados que lo obligan a promover la libertad sindical, lo que pasa por un acto de fe sobre este derecho fundamental, que busca darle sentido a la democracia al permitir que millones de trabajadores puedan tener la posibilidad de expresarse y de buscar un mejoramiento de sus condiciones de trabajo y soluciones consensuadas con los empleadores para enfrentar los vaivenes del mundo económico actual. Sorprende, o ya no, como la desigualdad y el autoritarismo proveniente del lado del poder económico tenga la fuerza para que importantes personeros políticos olviden sus principios y creencias que exponen en época de elecciones para no turbar los sensibles sentidos del poder oscuro que de verdad controla al país.
¿Se justifica terminar el Gobierno con una aprobación del 70% a costa de mantener sumidos en la precariedad y en condiciones de inequidad salarial a miles de compatriotas? ¡Exijo una explicación!
lunes, 24 de agosto de 2009
Ampliación del postnatal: un debate absurdo.
Llama la atención la forma en que se está discutiendo sobre la necesidad de extender o no el postnatal, pues parece que leyéramos una discusión de principios del siglo pasado. Lo absurdo del debate es que parte de la base que el tema del cuidado de los hijos es una tarea de las mujeres, desconociendo que es una labor compartida de hombres y mujeres, la que debe ser asumida con corresponsabilidad, vale decir con igualdad de derechos y deberes. Desconocer lo anterior importa no poder presentar soluciones viables hacia el futuro que promuevan la conciliación efectiva de trabajo y vida familiar y, en particular, que se asegure una igualdad de trato real de hombres y mujeres en el trabajo.
Hoy en día las mujeres representan un grupo fuertemente discriminado en sus oportunidades de desarrollo laboral y en sus remuneraciones, pues deben arrastrar solas la pesada carga del cuidado de los hijos. Por consiguiente, creo que la erradicación de la discriminación, la promoción de la vida familiar en todas sus formas y la concreción de los principios de la convención de los derechos del niño, que le garantizan a los niños poder recibir el cuidado, atención y el cariño de ambos progenitores pasa necesariamente por erradicar el viejo pacto de producción y reproducción de “hombre proveedor y mujer cuidadora.” De igual manera, debemos ser concientes que no debe ser sólo el empleador quien asuma obligaciones frente a las decisiones familiares de sus trabajadores, sino que debemos ser todos como sociedad con el apoyo y promoción del Estado, quienes debemos avanzar en la consolidación de un modelo de corresponsabilidad frente al trabajo y la familia. De lo contrario, seguiremos el prehistórico modelo de Los Picapiedras que condena a Wilma al cuidado del hogar y le niega a Pedro el derecho a cuidar a su hija.
Hoy en día las mujeres representan un grupo fuertemente discriminado en sus oportunidades de desarrollo laboral y en sus remuneraciones, pues deben arrastrar solas la pesada carga del cuidado de los hijos. Por consiguiente, creo que la erradicación de la discriminación, la promoción de la vida familiar en todas sus formas y la concreción de los principios de la convención de los derechos del niño, que le garantizan a los niños poder recibir el cuidado, atención y el cariño de ambos progenitores pasa necesariamente por erradicar el viejo pacto de producción y reproducción de “hombre proveedor y mujer cuidadora.” De igual manera, debemos ser concientes que no debe ser sólo el empleador quien asuma obligaciones frente a las decisiones familiares de sus trabajadores, sino que debemos ser todos como sociedad con el apoyo y promoción del Estado, quienes debemos avanzar en la consolidación de un modelo de corresponsabilidad frente al trabajo y la familia. De lo contrario, seguiremos el prehistórico modelo de Los Picapiedras que condena a Wilma al cuidado del hogar y le niega a Pedro el derecho a cuidar a su hija.
miércoles, 5 de agosto de 2009
CUANDO LA JUSTICIA NIEGA AL DERECHO
Estimado lector, si acaso esta columna le llama la atención, descubrirá, al igual que su autor, como la rabia y la frustración se instala en su corazón, al enterarse de los curiosos senderos que es capaz de descubrir la administración superior de justicia en la Región para negar el reconocimiento de los derechos laborales. Como usted seguramente sabe, en Valparaíso se ha implementado desde octubre pasado una reforma procesal que persigue poner fin al colapso que afectaba a los tribunales laborales y a la ineficacia de los derechos que la ley le reconoce a los trabajadores derivada de la larga duración de los antiguos juicios. Asimismo, se ha incorporado en la Región una vía procesal que persigue asegurar la protección de los derechos fundamentales de los trabajadores que pudieran verse afectados con ocasión de una relación laboral, tales como la intimidad o la dignidad, todo lo cual representa un avance significativo para morigerar el autoritarismo que impera aún en muchas empresas chilenas.
En relación con lo anterior, nuestra Región fue innovadora, pues el tribunal laboral de Valparaíso fue el precursor a nivel nacional al dictar una sentencia en la que se condena a un empleador por despedir a una trabajadora fundado en consideraciones discriminatorias en razón de la edad. Desde una perspectiva dogmática jurídica el fallo es notable y tal vez uno de los mejores que se han dictado desde la implementación de la reforma, porque es capaz de hacer realidad la tutela frente a un tipo de lesión recurrente de los derechos fundamentales, como lo son los actos de discriminación, y al aplicar impecablemente la regla de prueba indiciaria que para este tipo afectaciones a las garantías constitucionales establece el artículo 493 del Código del Trabajo. Por lo tanto, a nivel regional estábamos orgullosos de tener un tribunal que estuviera marcando la pauta de lo que debería ser la moderna administración de justicia laboral.
Lamentablemente el sueño fue efímero, pues el máximo tribunal regional con un criterio arraigado en lo más profundo del siglo XIX y desconociendo las nociones más elementales del moderno Derecho del Trabajo y de la proyección de los derechos fundamentales en materia laboral ha echado por tierra las aspiraciones de la trabajadora despedida para que se sancionara la discriminación de la que fue objeto. La lectura de la sentencia de reemplazo causa espanto, desolación y pena, pues es una muestra patente de la incomprensión y desvalorización que tiene el reconocimiento de los derechos laborales, los que son desechados, sin que existan argumentos jurídicos valederos que al menos permitan comprender las razones de los juzgadores y que acerquen su decisión a una mínima expresión de la justicia que uno espera de un tribunal superior.
¿Qué expectativa nos queda entonces de la justicia si niega el derecho, desconoce la doctrina y priva de tutela a los más débiles? Tal vez sólo responder al estilo del siglo XIX “mande patrón, perdone usted patroncito”.
En relación con lo anterior, nuestra Región fue innovadora, pues el tribunal laboral de Valparaíso fue el precursor a nivel nacional al dictar una sentencia en la que se condena a un empleador por despedir a una trabajadora fundado en consideraciones discriminatorias en razón de la edad. Desde una perspectiva dogmática jurídica el fallo es notable y tal vez uno de los mejores que se han dictado desde la implementación de la reforma, porque es capaz de hacer realidad la tutela frente a un tipo de lesión recurrente de los derechos fundamentales, como lo son los actos de discriminación, y al aplicar impecablemente la regla de prueba indiciaria que para este tipo afectaciones a las garantías constitucionales establece el artículo 493 del Código del Trabajo. Por lo tanto, a nivel regional estábamos orgullosos de tener un tribunal que estuviera marcando la pauta de lo que debería ser la moderna administración de justicia laboral.
Lamentablemente el sueño fue efímero, pues el máximo tribunal regional con un criterio arraigado en lo más profundo del siglo XIX y desconociendo las nociones más elementales del moderno Derecho del Trabajo y de la proyección de los derechos fundamentales en materia laboral ha echado por tierra las aspiraciones de la trabajadora despedida para que se sancionara la discriminación de la que fue objeto. La lectura de la sentencia de reemplazo causa espanto, desolación y pena, pues es una muestra patente de la incomprensión y desvalorización que tiene el reconocimiento de los derechos laborales, los que son desechados, sin que existan argumentos jurídicos valederos que al menos permitan comprender las razones de los juzgadores y que acerquen su decisión a una mínima expresión de la justicia que uno espera de un tribunal superior.
¿Qué expectativa nos queda entonces de la justicia si niega el derecho, desconoce la doctrina y priva de tutela a los más débiles? Tal vez sólo responder al estilo del siglo XIX “mande patrón, perdone usted patroncito”.
viernes, 26 de junio de 2009
Chile en la OCDE: Penosos delirios de grandeza
Hasta el cansancio los medios de prensa nos bombardean con noticias sobre lo cerca que estamos de ingresar al famoso club de países VIP que integran la OCDE. Si hasta al Ministro Velasco le brillan los ojos cuando se refiere al tema y poco falta que nos cuente las mandas que ha hecho a Santa Rita de Casia, para que la anhelada invitación se haga efectiva durante el actual Gobierno y éste puede pasar a la historia como la administración que llevó al Chile del Bicentenario a las grandes ligas.
Llama la atención la escasa atención que se da a las preocupaciones reales de los ciudadanos de a pie, a quienes nada le dicen las cifras macro o microeconómicas que tanto excitan a los tecnócratas de turno, así como el nulo interés que se ha prestado a las recomendaciones de la OCED para avanzar en la solución de los verdaderos problemas del país como es el caso de la inequidad salarial, la escasa tasa de sindicalización o la baja cobertura de la negociación colectiva, por mencionar sólo algunos, que colocan a Chile a años luz aún de la realidad laboral y social de los países verdaderamente desarrollados. Eso sin mencionar otras carencias mayúsculas nuestras, como la calidad de la educación.
Sin embargo, leyendo El Mercurio o La Tercera pareciera que sólo falta que se apruebe la ley que levante el secreto bancario en favor del SII para que podamos ver el glorioso arcoiris del desarrollo.
La realidad está tan trastocada y desviada de las verdaderas necesidades de las personas que hasta Alicia luego de haber estado en el País de las Maravillas se sorprendería. Con todo, para desgracia nuestra, la protagonista de Lewis Carrol se despierta y vuelve a su mundo normal, mientras que nosotros seguimos obligados a ver el mundo a través de la prensa desde este surrealista espejo al revés al que nos conducido el neoliberalismo y de la tecnocracia concertacionista.
Llama la atención la escasa atención que se da a las preocupaciones reales de los ciudadanos de a pie, a quienes nada le dicen las cifras macro o microeconómicas que tanto excitan a los tecnócratas de turno, así como el nulo interés que se ha prestado a las recomendaciones de la OCED para avanzar en la solución de los verdaderos problemas del país como es el caso de la inequidad salarial, la escasa tasa de sindicalización o la baja cobertura de la negociación colectiva, por mencionar sólo algunos, que colocan a Chile a años luz aún de la realidad laboral y social de los países verdaderamente desarrollados. Eso sin mencionar otras carencias mayúsculas nuestras, como la calidad de la educación.
Sin embargo, leyendo El Mercurio o La Tercera pareciera que sólo falta que se apruebe la ley que levante el secreto bancario en favor del SII para que podamos ver el glorioso arcoiris del desarrollo.
La realidad está tan trastocada y desviada de las verdaderas necesidades de las personas que hasta Alicia luego de haber estado en el País de las Maravillas se sorprendería. Con todo, para desgracia nuestra, la protagonista de Lewis Carrol se despierta y vuelve a su mundo normal, mientras que nosotros seguimos obligados a ver el mundo a través de la prensa desde este surrealista espejo al revés al que nos conducido el neoliberalismo y de la tecnocracia concertacionista.
miércoles, 3 de junio de 2009
Acerca de la ley de igualdad de remuneraciones entre hombres y mujeres
La reciente promulgación de la ley que consagra la igualdad de remuneraciones entre hombres y mujeres representa un avance desde la perspectiva de posicionar el problema de la discriminación laboral en Chile y, si es bien implementada por las empresas, correctamente fiscalizada por la Dirección del Trabajo y aplicada en su justo sentido por los Tribunales laborales, podría contribuir a erradicar algunas de las prácticas discriminatorias que afectan a las mujeres trabajadoras. Con todo, la ley no pasará de ser una anécdota en la evolución normativa de nuestro Derecho del Trabajo, si es que no se asume el cambio cultural que el el país reclama a gritos para tomar verdadera conciencia de los estragos que ocasiona la discriminación en el empleo. Por lo anterior, entonces, el Gobierno debe necesariamente implementar acciones positivas que contribuyan a hacer efectivo el derecho fundamental a la igualdad de trato entre hombres y mujeres en todo ámbito de la vida social.
En mi opinión, el principal obstáculo al que se enfrentará la nueva ley tiene que ver con la menor valoración económica que se da al trabajo femenino, dado que la sociedad sigue imponiendo exclusivamente a la mujer la responsabilidad por el cuidado de los hijos. Persiste en Chile el viejo arquetipo de “hombre proveedor y mujer cuidadora” a partir del cual se ha articulado tradicionalmente legislación laboral y las políticas sociales. Mientras ello no cambie de verdad, leyes como la recientemente promulgada quedarán limitadas a una mera declaración formal de igualdad sin avanzar a su real materialización. Por eso se debe proponer un nuevo trato que parta de la premisa de que hombres y mujeres son proveedores y cuidadores, esto es, que a ambos les corresponde una corresponsabilidad en el empleo y frente a la familia. De lo contrario, seguiremos siendo en el fondo una sociedad injusta, negándole a la mujer su pleno desarrollo laboral y a los hombres su realización como padres. Sin perjuicio de ello, la Convención de los Derechos del Niño nos recuerda que ellos tienen el derecho a recibir el cariño y el cuidado de ambos padres. Ese es el gran desafío del siglo XXI y en Chile estamos aún demasiado lejos.
En mi opinión, el principal obstáculo al que se enfrentará la nueva ley tiene que ver con la menor valoración económica que se da al trabajo femenino, dado que la sociedad sigue imponiendo exclusivamente a la mujer la responsabilidad por el cuidado de los hijos. Persiste en Chile el viejo arquetipo de “hombre proveedor y mujer cuidadora” a partir del cual se ha articulado tradicionalmente legislación laboral y las políticas sociales. Mientras ello no cambie de verdad, leyes como la recientemente promulgada quedarán limitadas a una mera declaración formal de igualdad sin avanzar a su real materialización. Por eso se debe proponer un nuevo trato que parta de la premisa de que hombres y mujeres son proveedores y cuidadores, esto es, que a ambos les corresponde una corresponsabilidad en el empleo y frente a la familia. De lo contrario, seguiremos siendo en el fondo una sociedad injusta, negándole a la mujer su pleno desarrollo laboral y a los hombres su realización como padres. Sin perjuicio de ello, la Convención de los Derechos del Niño nos recuerda que ellos tienen el derecho a recibir el cariño y el cuidado de ambos padres. Ese es el gran desafío del siglo XXI y en Chile estamos aún demasiado lejos.
miércoles, 20 de mayo de 2009
La negociación colectiva: el más olvidado de los derechos laborales
Normalmente, al acercarse el aniversario de la matanza de trabajadores ocurrida en Chicago en 1886 y que dio lugar al establecimiento del 1º de mayo como día del trabajo, vuelve a aflorar la dormida sensibilidad sobre el estado de los temas laborales. Por eso, lo más probable es que el viernes, ya sea desde una plácida ubicación frente al mar, en el campo, o en un no tan confortable banco de la plaza bajo un poco limpio cielo santiaguino podremos leer más de algún comentario en los diferentes medios de prensa. Con todo, no es necesario ser adivino para avizorar que muchas de esas editoriales abogarán una vez más por mayor flexibilidad y desregulación de la legislación laboral o harán lecturas sesgadas del informe de la OECD, o bien, traerán a colación el mediocre y bajo en calorías informe del Consejo de Equidad y Trabajo.
Para ser sinceros, en Chile no tenemos mucho que celebrar, pues el reconocimiento de los derechos laborales dista de ser ideal y en muchas materias hemos retrocedido a pasos agigantados en relación con nuestra normativa laboral original. Esto, sin contar con el predominio de concepciones ideológicas neoliberales que cruzan transversalmente a los partidos de gobierno y de oposición y que se han convertido en el principal obstáculo para construir un debate serio y democrático sobre el tema, que permita imaginar colectivamente y con verdadera alegría un modelo de relaciones laborales distinto al que nos impusieron los Chicago Boys.
En este oscuro y anquilosado sistema jurídico laboral que debemos seguir soportando gracias a la indiferencia, el egoísmo y los intereses creados de partidos políticos y grupos de interés – el lado oscuro de la fuerza que gobierna los destinos de miles de trabajadores en el país – el más débil, maltratado y olvidado de los derechos laborales es el de la negociación colectiva. Precisamente, el derecho cuyo ejercicio posibilitaría superar la espantosa inequidad salarial que caracteriza al país, que entregaría herramientas para que, concertadamente, empresarios y sindicatos pudieran enfrentar el impacto de la crisis económica o que posibilitaría sentarse a conversar en forma abierta y desprejuiciada sobre los desafíos presentes y futuros del mundo laboral. ¿Por qué duerme la negociación colectiva en el olvido? ¿Por qué no hay ningún príncipe (léase candidato) que esté dispuesto a darle un beso de amor a esta princesa y que la saque de este sueño eterno al que la condenó la malvada bruja de la dictadura?
La respuesta es dolorosa, pero evidente. La razón es que el fomento de la libertad sindical y el desarrollo de la negociación colectiva al nivel de países europeos con flexiseguridad supone en último término un cambio de equilibrio de poder social y un perfeccionamiento real de la democracia. Mientras ello no ocurra, seguiremos teniendo un porcentaje no superior al 10% de trabajadores con capacidad de negociación y un 90% restante que tal vez jamás en su vida – en esta feliz copia del edén- va a tener la posibilidad de aspirar a un mejoramiento de sus condiciones de vida laboral, al tener quizás la mala fortuna de trabajar en una empresa con cientos de razones sociales.
¿Qué ha quedado del legado de los precursores de la legislación social? Por el momento sólo un sueño que vale la pena seguir soñando para construir de verdad un país desarrollado y no una pobre copia con índices macroeconómicos envidiables, pero que esconde debajo de la alfombra la triste e infame realidad de la injusticia social.
Para ser sinceros, en Chile no tenemos mucho que celebrar, pues el reconocimiento de los derechos laborales dista de ser ideal y en muchas materias hemos retrocedido a pasos agigantados en relación con nuestra normativa laboral original. Esto, sin contar con el predominio de concepciones ideológicas neoliberales que cruzan transversalmente a los partidos de gobierno y de oposición y que se han convertido en el principal obstáculo para construir un debate serio y democrático sobre el tema, que permita imaginar colectivamente y con verdadera alegría un modelo de relaciones laborales distinto al que nos impusieron los Chicago Boys.
En este oscuro y anquilosado sistema jurídico laboral que debemos seguir soportando gracias a la indiferencia, el egoísmo y los intereses creados de partidos políticos y grupos de interés – el lado oscuro de la fuerza que gobierna los destinos de miles de trabajadores en el país – el más débil, maltratado y olvidado de los derechos laborales es el de la negociación colectiva. Precisamente, el derecho cuyo ejercicio posibilitaría superar la espantosa inequidad salarial que caracteriza al país, que entregaría herramientas para que, concertadamente, empresarios y sindicatos pudieran enfrentar el impacto de la crisis económica o que posibilitaría sentarse a conversar en forma abierta y desprejuiciada sobre los desafíos presentes y futuros del mundo laboral. ¿Por qué duerme la negociación colectiva en el olvido? ¿Por qué no hay ningún príncipe (léase candidato) que esté dispuesto a darle un beso de amor a esta princesa y que la saque de este sueño eterno al que la condenó la malvada bruja de la dictadura?
La respuesta es dolorosa, pero evidente. La razón es que el fomento de la libertad sindical y el desarrollo de la negociación colectiva al nivel de países europeos con flexiseguridad supone en último término un cambio de equilibrio de poder social y un perfeccionamiento real de la democracia. Mientras ello no ocurra, seguiremos teniendo un porcentaje no superior al 10% de trabajadores con capacidad de negociación y un 90% restante que tal vez jamás en su vida – en esta feliz copia del edén- va a tener la posibilidad de aspirar a un mejoramiento de sus condiciones de vida laboral, al tener quizás la mala fortuna de trabajar en una empresa con cientos de razones sociales.
¿Qué ha quedado del legado de los precursores de la legislación social? Por el momento sólo un sueño que vale la pena seguir soñando para construir de verdad un país desarrollado y no una pobre copia con índices macroeconómicos envidiables, pero que esconde debajo de la alfombra la triste e infame realidad de la injusticia social.
Huelga en Gendarmería de Chile
La huelga que se desarrolla en Gendarmería corresponde a un proceso legítimo a través del cual los funcionarios de ese Servicio aspiran a obtener un mejoramiento de sus condiciones laborales y salariales. Vemos aquí una expresión natural del ejercicio de la libertad sindical y, por tal motivo, merece el respeto y la solidaridad de toda la ciudadanía, pues es imposible desconocer la importante labor que realizan estos funcionarios, la que constituye una de las piedras angulares para el funcionamiento del sistema procesal penal. Con todo, es lamentable que los funcionarios deban recurrir a expresiones de autotutela y que no existan otros medios para canalizar pacíficamente sus demandas laborales. Se vuelve a expresar aquí la desidia del Gobierno y de los parlamentarios para poner fin a la hipocresía en la cual se desarrolla la negociación colectiva en el sector público. En efecto, por una parte la ley prohíbe la negociación, vulnerando la libertad sindical, pero por otra, las autoridades negocian con las asociaciones, siempre bajo presiones que deben crecer para obtener una respuesta y afectando los derechos de la ciudadanía. ¿Cuándo Chile cumplirá sus compromisos internacionales y hará realidad los derechos y principios de los Convenios de la OIT sobre la negociación colectiva en el sector público?
En los últimos años la ciudadanía, los funcionarios públicos y los trabajadores se han dado cuenta que la única forma de hacer valer sus derechos es a través de expresiones de autotutela, como movilizaciones y huelgas, pues las autoridades son incapaces de adoptar medidas que permitan de una vez por todas armonizar nuestra legislación con el respeto que a gritos reclama la libertad sindical. Mientras ello no ocurra, sólo se puede avizorar una escalada de conflictos y un silencio cómplice de todos los candidatos presidenciales sobre un tema esencial para la consolidación de un verdadero Estado de Derecho.
En los últimos años la ciudadanía, los funcionarios públicos y los trabajadores se han dado cuenta que la única forma de hacer valer sus derechos es a través de expresiones de autotutela, como movilizaciones y huelgas, pues las autoridades son incapaces de adoptar medidas que permitan de una vez por todas armonizar nuestra legislación con el respeto que a gritos reclama la libertad sindical. Mientras ello no ocurra, sólo se puede avizorar una escalada de conflictos y un silencio cómplice de todos los candidatos presidenciales sobre un tema esencial para la consolidación de un verdadero Estado de Derecho.
jueves, 15 de enero de 2009
Mujer, trabajo y crisis económica
La crisis económica que se desataría durante el 2009 ha vuelto a posicionar a las trabajadoras como uno de los grupos más vulnerables para enfrentar los vaivenes económicos, reapareciendo para ellas el temido fantasma de la precariedad y del desempleo. De allí que entre las medidas que ha anunciado y sin duda anunciará el Gobierno, las mujeres y los jóvenes ocupan un lugar destacado.
Ante este atemorizante porvenir cabe preguntarse por qué son siempre los mismos los más expuestos a sufrir los inconvenientes del lado oscuro de nuestra sacrosanta economía de mercado, a pesar de los esfuerzos realizados a través de políticas sociales, de empleo, educativas y de innumerables reformas legales tendientes a asegurar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el empleo. Sin pretender dar una respuesta definitiva, dado que ésta conlleva múltiples factores, deseo vertir algunas opiniones desde la óptica del Derecho del Trabajo y de la forma en que la ley laboral puede contribuir a un mejoramiento de la situación de la mujer, toda vez que el actual panorama deja bastante que desear y en el Chile de hoy es mucho más difícil ser mujer que hombre. En efecto, poseemos la más baja tasa de participación laboral femenina en América Latina, las trabajadoras están expuestas a una congénita discriminación laboral que se traduce en remuneraciones y condiciones laborales inferiores a las de los hombres y, además, para enguindar la torta, se jubilan antes que los hombres, tienen un menor ahorro previsional y deben distribuir sus escasos recursos por un mayor número de años, pues su expectativa de vida es mayor. ¿Qué falla entonces en el modelo laboral que hemos heredado de los Chicago Boys? En mi opinión, la gran falencia es que sistema aún se sostiene sobre la apolillada premisa de “hombre trabajador y mujer cuidadora”, por lo que los avances normativos de los úlimos años han ahondado en una igualación de género formal, pero no han liberado a la mujer de las responsabilidades familiares, de tal manera que sólo ellas arrastran una pesada mochila que afecta sus reales oportunidades en el empleo. La ley considera a la mujer como única responsable del cuidado del hogar y de los hijos, lo que se constata al revisar las normas de protección a la maternidad, mientras que al padre se le asigna el rol de trabajador que antepone sus intereses personales a los de la empresa. Somos una sociedad a imagen de Los Picapiedras: Pedro trabaja y Wilma cuida a la niña y mantiene el hogar. Lo grave, es que le negamos a Wilma el derecho a desarrollarse en el empleo, a Pedro el poder cuidar a su hija y a ésta el cuidado y cariño de ambos padres.
Si aspiramos a ser un país desarrollado de verdad debemos cuestionarnos de una vez por todas este modelo y construir un nuevo pacto que asegure a mujeres y a hombres el derecho a iguales oportunidades en el empleo y a poder armonizar sus responsabilidades familiares sin discriminación, pero mientras en la TV los comerciales de detergentes sigan mostrando sólo a las mujeres lavando los platos, este sueño no será sino una suave y perfumada burbuja de jabón.
Ante este atemorizante porvenir cabe preguntarse por qué son siempre los mismos los más expuestos a sufrir los inconvenientes del lado oscuro de nuestra sacrosanta economía de mercado, a pesar de los esfuerzos realizados a través de políticas sociales, de empleo, educativas y de innumerables reformas legales tendientes a asegurar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el empleo. Sin pretender dar una respuesta definitiva, dado que ésta conlleva múltiples factores, deseo vertir algunas opiniones desde la óptica del Derecho del Trabajo y de la forma en que la ley laboral puede contribuir a un mejoramiento de la situación de la mujer, toda vez que el actual panorama deja bastante que desear y en el Chile de hoy es mucho más difícil ser mujer que hombre. En efecto, poseemos la más baja tasa de participación laboral femenina en América Latina, las trabajadoras están expuestas a una congénita discriminación laboral que se traduce en remuneraciones y condiciones laborales inferiores a las de los hombres y, además, para enguindar la torta, se jubilan antes que los hombres, tienen un menor ahorro previsional y deben distribuir sus escasos recursos por un mayor número de años, pues su expectativa de vida es mayor. ¿Qué falla entonces en el modelo laboral que hemos heredado de los Chicago Boys? En mi opinión, la gran falencia es que sistema aún se sostiene sobre la apolillada premisa de “hombre trabajador y mujer cuidadora”, por lo que los avances normativos de los úlimos años han ahondado en una igualación de género formal, pero no han liberado a la mujer de las responsabilidades familiares, de tal manera que sólo ellas arrastran una pesada mochila que afecta sus reales oportunidades en el empleo. La ley considera a la mujer como única responsable del cuidado del hogar y de los hijos, lo que se constata al revisar las normas de protección a la maternidad, mientras que al padre se le asigna el rol de trabajador que antepone sus intereses personales a los de la empresa. Somos una sociedad a imagen de Los Picapiedras: Pedro trabaja y Wilma cuida a la niña y mantiene el hogar. Lo grave, es que le negamos a Wilma el derecho a desarrollarse en el empleo, a Pedro el poder cuidar a su hija y a ésta el cuidado y cariño de ambos padres.
Si aspiramos a ser un país desarrollado de verdad debemos cuestionarnos de una vez por todas este modelo y construir un nuevo pacto que asegure a mujeres y a hombres el derecho a iguales oportunidades en el empleo y a poder armonizar sus responsabilidades familiares sin discriminación, pero mientras en la TV los comerciales de detergentes sigan mostrando sólo a las mujeres lavando los platos, este sueño no será sino una suave y perfumada burbuja de jabón.
jueves, 8 de enero de 2009
Viceralismo laboral
Después de largo tiempo retomo la escritura para dar la bienvenida al mundo bloggero y felicitar por su gran trabajo a mi amigo José Luis Ugarte quien ha creado un nuevo, ácido y dinámico espacio para vitalizar nuestro alicaído debate sobre los temas laborales en Chile.
La dirección del sitio es:
www.jluclaboral.blogspot.com
Felicitaciones por la nueva corriente del "viceralismo laboral" de nuestro amigo que honra a Bolaño y sus inolvidables poetas real visceralistas de Los Detectives Salvajes.
Aún hay tiempo para soñar y para cambiar el mundo laboral en aras de una mayor justicia social y José Luis Ugarte abre una nueva ventana para ello a dentelladas, patadas y lúcidas ideas que son un aporte indiscutido a nuestro medio.
Salud por los viceralistas laborales, entre quienes a mucha honra me incluyo.
La dirección del sitio es:
www.jluclaboral.blogspot.com
Felicitaciones por la nueva corriente del "viceralismo laboral" de nuestro amigo que honra a Bolaño y sus inolvidables poetas real visceralistas de Los Detectives Salvajes.
Aún hay tiempo para soñar y para cambiar el mundo laboral en aras de una mayor justicia social y José Luis Ugarte abre una nueva ventana para ello a dentelladas, patadas y lúcidas ideas que son un aporte indiscutido a nuestro medio.
Salud por los viceralistas laborales, entre quienes a mucha honra me incluyo.
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