martes, 13 de marzo de 2007

Academia Judicial y formación de jueces

Hace algún tiempo a esta parte existe una seria preocupación en algunas Escuelas de Derecho tradicionales por los actuales criterios utilizados en la Academia Judicial para la selección de los futuros jueces, pues se ha tendido a sobrevalorar irracionalmente las notas obtenidas en el pregrado por sobre los conocimientos específicos de los postulantes en materias jurídicas. Lo preocupante de esta situación es que las notas no son un parámetro adecuado de selección, lo que se explica por la diferencia en los niveles de exigencia entre las diversas Universidades y, además, porque ello puede tender a que se sobredimensionen explícitamente con la finalidad de favorecer a los egresados. Creo firmemente que debe cambiarse lo antes posible este (des)criterio y permitir que todos los postulantes, de manera anónima e independientemente de su Universidad de origen, puedan ser admitidos a dar las pruebas y que se seleccione a los mejores de ellos en base a criterios objetivos, fundados en sus conocimientos, y luego, en una fase posterior de la selección, se atienda a otros antecedentes académicos como las notas de pregrado. Pretender, por ejemplo, justificar el actual sistema por los costos que implicaría examinar a 200 0 400 postulantes en cada período no puede ser jamás un argumento válido que posibilite excluir de antemano a profesionales que pueden poseer capacidad y verdadera vocación para la carrera judicial, sin permitirles siquiera demostrar su aptitud para la valiosa tarea que implica ser juez.

Mientras no haya un cambio en este sentido se está afectando negativamente a los egresados de algunas Escuelas de Derecho caracterizadas por su alta rigurosidad y ha implicado, por ejemplo, que postulantes con grado de magíster o de doctor de prestigiosas Universidades nacionales y extranjeras o próximos a doctorarse ni siquiera hayan sido admitidos a dar exámenes, privilegiando a licenciados sin postgrado, pero con mejores notas. ¿Es ese el modelo que queremos para la justicia chilena? ¿Se está formando a personas verdaderamente idóneas para asumir los enormes desafíos que implica la modernización de la justicia? La próxima entrada en vigencia de la justicia laboral y la ansiada reforma procesal civil exigen que los jueces que las implementen sean los mejores de entre los profesionales que cada año se titulan de las Escuelas de Derecho. Por eso, si se mira al exterior, es fácil constatar que la realidad es totalmente distinta, pues los jueces son sólo los profesionales más destacados entre sus pares y ello se refleja claramente en la calidad de sus fallos y en el nivel de su jurisprudencia.

Por otra parte, considero preciso hacer un llamado para que la Academia Judicial abandone lo antes posible la formación jurídica generalista de los futuros jueces, que estaba bien para el siglo XIX, pero que no se condice con las necesidades actuales de especialización que urgen en la Administración de Justicia. ¿Podrá ser un buen juez laboral un abogado que estudió no más de dos meses en la Academia Judicial temas relativos al trabajo y cuya vocación, por ejemplo era la justicia criminal, a la cual no pudo acceder por falta de vacantes? Pienso que deberían hacerse concursos limitados a áreas específicas como las de familia, trabajo, civiles o penales y que los futuros jueces estudien seis o más meses intensivos sólo esas materias en todas sus dimensiones. De lo contrario, la formación seguirá siendo insuficiente para dar respuesta a las altas exigencias y a la complejidad que presentan los problemas jurídicos en la actualidad, como es por ejemplo, la salvaguardia de los derechos fundamentales del trabajador en la empresa.

En épocas como la actual en la que la ignorancia es cada vez más aberrante en el Foro, en desmedro de los legítimos intereses de los justiciables, el Poder Judicial debe ser naturalmente el garante del Estado de Derecho, fundado en la excelencia académica de sus integrantes, pues no puede olvidarse que su tarea básica es permitir que los ciudadanos puedan hacer valer su derecho fundamental de acceso a la justicia, pudiendo llegar a obtener una resolución de conflictos de calidad que asegure la paz social.

Postergación de reforma procesal laboral

Como académico de la disciplina de Derecho del Trabajo, no puedo permanecer indiferente frente a la decisión del Gobierno de postergar la entrada en vigencia de la reforma procesal laboral, pues ello es, a mi juicio, una muestra de improvisación y, sobre todo, de una falta de respeto hacia los trabajadores en Chile, quienes hace años se ven afectados por un precario resguardo de sus derechos, como consecuencia de un sistema jurisdiccional insuficiente y colapsado. Todo lo anterior, como lo reconoce expresamente el mensaje con el cual el gobierno del Presidente Lagos envió al Congreso Nacional el proyecto de ley de modernización de la justicia laboral, supone que para la gran mayoría de los trabajadores los derechos laborales son letra muerta.
Por lo tanto, esta situación es vergonzosa y aleja aún más a nuestro país de los mínimos estándares internacionales para que exista un trabajo decente. Por otra parte, llama la atención que la decisión se adopte a pocos meses de su entrada en vigencia, programada para marzo de 2007, en circunstancias de que la Ley 20.087 se publicó en enero de este año, por lo que hubo tiempo suficiente para efectuar las correcciones necesarias y aprender de los errores que implicó la nueva justicia de familia, como asimismo, cuando es de público conocimiento que existen recursos públicos para hacer posible la adecuada implementación de esta reforma. Por todo lo anterior, prevalece la sensación de que desde el punto de visto político y económico no interesa garantizar la eficacia de los derechos de los trabajadores y que Chile está lejos de ser un país en el que la justicia social sea un valor.

Desatino judicial

Vergonzosa, por decir lo menos, resulta la resolución adoptada por el magistrado investigador en el caso del denominado "juez express", pues la percepción que queda en la ciudadanía es que el juez Cádiz recibió por su comportamiento unas vacaciones pagadas y no un castigo. Esto es, a mi juicio, lamentable y refleja una vez más el predominio de la absurda cultura jurídica legalista y formalista que impera en Chile y que lleva tomar decisiones aplicando literalmente las leyes, prescindiendo de toda consideración a sus principios inspiradores, a sus fines y, en particular, al contexto social e histórico que se vive en el momento.
La conducta del llamado "juez express" es detestable, pues ha contribuido a desprestigiar aún más al ya desprestigiado Poder Judicial; ha socavado las bases de la nueva justicia de familia y, lo que es más grave, ha significado una burla, una falta de respeto inexcusable a la ciudadanía y, en concreto, a las personas que deben esperar largos meses para que sus asuntos puedan ser fallados en los nuevos tribunales.
¿Cómo se puede enseñar derecho, motivar el respeto a las instituciones e inculcar el amor a la justicia a las nuevas generaciones de abogados si la realidad da cuenta de que ello pareciera carecer de valor dentro del mismo Poder Judicial? ¿Es ésta la nueva justicia del Chile desarrollado del Bicentenario? Si así fuera, no cabe duda que nuestros próceres se deben estar remeciendo en sus tumbas pensando en qué se equivocaron para que seamos lo que hoy somos.

El negocio de la fe pública

La supuesta extorsión de la que estaría siendo objeto el conservador de bienes raíces de Santiago y que está investigando el Ministerio Público, siendo a todas luces un acto repudiable, ha tenido en todo caso un aspecto que se podría calificar de positivo, ya que lo excesivo del dinero que se estaría requiriendo a cambio de algunas fotografías comprometedoras del Sr. Maldonado ha dado pie para que los medios de información pongan la atención en un impresentable anacronismo de nuestro actual sistema jurídico, como lo son las notarías y los conservadores de bienes raíces.
En efecto, si bien la función que cumplen notarios y conservadores es necesaria en el país, el inaceptable sistema de nombramiento de estos funcionarios ha dado lugar a una serie de irregularidades tales como el nepotismo o el tráfico de influencias, que resultan inaceptables en una sociedad que aspira a ser desarrollada. En general, queda la percepción de que estos cargos representan una verdadera patente de corso que le permite a algunas personas muy bien relacionadas con algunos poderes del Estado enriquecerse con la fe pública, lo que me parece impresentable. Por este motivo, resulta esperanzadora la declaración de la Presidenta de la República que apunta a introducir modificaciones en el sistema, ya que ello implicaría, Dios así lo quiera, poner fin a la inaceptable falta de voluntad política de todos los partidos para generar cambios en esta materia
Por lo tanto, soñando un país más justo socialmente, no sería descabellado pensar en un sistema objetivo, público y transparente de designación de notarios, en el que se les elija por sus méritos profesionales y con un examen público de conocimientos, como en España o Italia, o bien, que desaparezcan los conservadores de bienes raíces y que el registro de las propiedades se realice en un servicio similar al registro civil, al cual todos los ciudadanos puedan acceder a un costo moderado y no existan más funcionarios públicos con un nivel tan elevado de ingresos que resulta morboso en una realidad en la que la gran mayoría de los chilenos no percibe más de $400.000.- mensuales.