Academia Judicial y formación de jueces

Hace algún tiempo a esta parte existe una seria preocupación en algunas Escuelas de Derecho tradicionales por los actuales criterios utilizados en la Academia Judicial para la selección de los futuros jueces, pues se ha tendido a sobrevalorar irracionalmente las notas obtenidas en el pregrado por sobre los conocimientos específicos de los postulantes en materias jurídicas. Lo preocupante de esta situación es que las notas no son un parámetro adecuado de selección, lo que se explica por la diferencia en los niveles de exigencia entre las diversas Universidades y, además, porque ello puede tender a que se sobredimensionen explícitamente con la finalidad de favorecer a los egresados. Creo firmemente que debe cambiarse lo antes posible este (des)criterio y permitir que todos los postulantes, de manera anónima e independientemente de su Universidad de origen, puedan ser admitidos a dar las pruebas y que se seleccione a los mejores de ellos en base a criterios objetivos, fundados en sus conocimientos, y luego, en una fase posterior de la selección, se atienda a otros antecedentes académicos como las notas de pregrado. Pretender, por ejemplo, justificar el actual sistema por los costos que implicaría examinar a 200 0 400 postulantes en cada período no puede ser jamás un argumento válido que posibilite excluir de antemano a profesionales que pueden poseer capacidad y verdadera vocación para la carrera judicial, sin permitirles siquiera demostrar su aptitud para la valiosa tarea que implica ser juez.

Mientras no haya un cambio en este sentido se está afectando negativamente a los egresados de algunas Escuelas de Derecho caracterizadas por su alta rigurosidad y ha implicado, por ejemplo, que postulantes con grado de magíster o de doctor de prestigiosas Universidades nacionales y extranjeras o próximos a doctorarse ni siquiera hayan sido admitidos a dar exámenes, privilegiando a licenciados sin postgrado, pero con mejores notas. ¿Es ese el modelo que queremos para la justicia chilena? ¿Se está formando a personas verdaderamente idóneas para asumir los enormes desafíos que implica la modernización de la justicia? La próxima entrada en vigencia de la justicia laboral y la ansiada reforma procesal civil exigen que los jueces que las implementen sean los mejores de entre los profesionales que cada año se titulan de las Escuelas de Derecho. Por eso, si se mira al exterior, es fácil constatar que la realidad es totalmente distinta, pues los jueces son sólo los profesionales más destacados entre sus pares y ello se refleja claramente en la calidad de sus fallos y en el nivel de su jurisprudencia.

Por otra parte, considero preciso hacer un llamado para que la Academia Judicial abandone lo antes posible la formación jurídica generalista de los futuros jueces, que estaba bien para el siglo XIX, pero que no se condice con las necesidades actuales de especialización que urgen en la Administración de Justicia. ¿Podrá ser un buen juez laboral un abogado que estudió no más de dos meses en la Academia Judicial temas relativos al trabajo y cuya vocación, por ejemplo era la justicia criminal, a la cual no pudo acceder por falta de vacantes? Pienso que deberían hacerse concursos limitados a áreas específicas como las de familia, trabajo, civiles o penales y que los futuros jueces estudien seis o más meses intensivos sólo esas materias en todas sus dimensiones. De lo contrario, la formación seguirá siendo insuficiente para dar respuesta a las altas exigencias y a la complejidad que presentan los problemas jurídicos en la actualidad, como es por ejemplo, la salvaguardia de los derechos fundamentales del trabajador en la empresa.

En épocas como la actual en la que la ignorancia es cada vez más aberrante en el Foro, en desmedro de los legítimos intereses de los justiciables, el Poder Judicial debe ser naturalmente el garante del Estado de Derecho, fundado en la excelencia académica de sus integrantes, pues no puede olvidarse que su tarea básica es permitir que los ciudadanos puedan hacer valer su derecho fundamental de acceso a la justicia, pudiendo llegar a obtener una resolución de conflictos de calidad que asegure la paz social.